Información de Luis Ayala Ramos

Integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) denunciaron una creciente injerencia de Antorcha Campesina en órganos de gobierno y áreas administrativas de la institución, por lo que demandaron a autoridades federales revisar el manejo de los recursos públicos y las modificaciones realizadas a su estructura interna.
Académicos, profesores y trabajadores acusaron que la organización tiene influencia en el Consejo Universitario, direcciones, jefaturas y otras áreas consideradas estratégicas, mediante la incorporación de personas afines y cambios en reglamentos y estatutos. Los señalamientos corresponden a integrantes inconformes de la comunidad universitaria y hasta ahora no han sido acreditados por una resolución administrativa o judicial.
Entre las áreas donde los denunciantes ubican presencia de personas vinculadas con la agrupación se encuentran Tesorería, Contraloría, Difusión Cultural, Preparatoria Agrícola, Sociología Rural, Fitotecnia, así como las direcciones Académica y de Administración.
También cuestionaron la gestión del rector Ángel Garduño García, a quien atribuyen haber permitido el avance de esa estructura dentro de Chapingo. Aseguraron que durante su administración fueron incorporados más de 200 asesores bajo categorías de analistas y se modificó la organización de distintas dependencias universitarias.
Las críticas se extienden a las condiciones laborales de los docentes. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) rechazó recientemente un reglamento para el ingreso y permanencia del personal académico, pues considera que abre la posibilidad de extender esquemas de contratación temporal y afectar la estabilidad laboral.
A las diferencias por la conducción administrativa se suman observaciones sobre el ejercicio de recursos federales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar la Cuenta Pública 2024, determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio universitario por 51 millones 138 mil 657 pesos.
De ese monto, ocho millones 416 mil 469 pesos correspondieron a remuneraciones pagadas a 595 trabajadores por encima del tabulador autorizado y 40 millones 625 mil 511 pesos a compensaciones otorgadas a 170 empleados. La fiscalización también identificó pagos posteriores a bajas laborales y prestaciones superiores a los montos autorizados.
Ante este panorama, los universitarios inconformes solicitaron la intervención de instancias federales para revisar la administración de la UACh y practicar auditorías sobre el destino de los recursos públicos.
La comunidad que formuló las acusaciones sostiene que el problema rebasa una disputa interna por cargos administrativos y puede comprometer las funciones académicas y de investigación de Chapingo, institución especializada en la formación de profesionistas vinculados con el campo y el sector agropecuario.

