Habitantes del fraccionamiento “El Santuario”, en Valle de Bravo, denunciaron públicamente a Michel Domit Gemayel, propietario de la empresa Promotora Valle de Bravo S.A. de C.V., por presuntos actos de intimidación, amenazas, hostigamiento y abusos en contra de residentes, trabajadores y proveedores del conjunto habitacional.
De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la agrupación Colonos Unidos del Santuario, el empresario habría mantenido durante años una política de coerción hacia quienes se oponen a sus decisiones o cuestionan los cobros por servicios, que, aseguran, deberían ser gratuitos conforme al decreto estatal que autorizó la urbanización del desarrollo en 1992.
Los colonos acusan que personal de seguridad y representantes de la promotora impiden con violencia el acceso a las viviendas, cortan el suministro de agua y han llegado incluso a proferir amenazas de muerte contra residentes inconformes. “Se trata de un sistema de control feudal, donde Michel Domit actúa como dueño absoluto del fraccionamiento”, señalan en el documento.
La denuncia sostiene que, pese a que los vecinos pagan el impuesto predial al Ayuntamiento de Valle de Bravo, el desarrollador continúa cobrando cuotas por servicios básicos como agua, alumbrado y mantenimiento, argumentando una concesión municipal que, según los colonos, ha sido utilizada de manera irregular para lucrar con la administración del conjunto.
“El lema aquí es: si no pagas, no pasas”, afirmaron integrantes de la asociación vecinal, quienes acusan además la contratación de personal de seguridad “de dudosa reputación” y de abogados que los han intimidado, amenazado o agredido físicamente cuando intentan hacer valer sus derechos.
El decreto emitido en 1992 por el Gobierno del Estado de México establecía que el desarrollador debía realizar la urbanización, dotar de agua y drenaje, instalar alumbrado público y entregar formalmente las obras al municipio. Mientras esto no ocurriera, los servicios municipales debían otorgarse de manera gratuita. Sin embargo, los colonos aseguran que, después de más de tres décadas, la entrega oficial al Ayuntamiento no se ha concretado.
“Domit ha mantenido el control del fraccionamiento bajo engaños y con el manejo de una asociación civil en la que él mismo figura como único integrante. Nadie sabe con claridad cómo se administran los recursos ni en qué se gastan las cuotas que recauda”, refieren los denunciantes.
Los vecinos afirman que el empresario ha evitado transferir la administración al municipio porque esto implicaría perder el control económico sobre los cobros. “Es su mina de oro”, expresaron.
Ante esta situación, los residentes exigieron la intervención de las autoridades municipales de Valle de Bravo y del Gobierno del Estado de México para garantizar el cumplimiento de la ley, frenar las presuntas agresiones y asegurar la prestación legítima de los servicios públicos.
“Lo único que pedimos es vivir en paz y que se respeten nuestros derechos como ciudadanos”, concluye el comunicado difundido por Colonos Unidos del Santuario.