La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la figura de prisión vitalicia prevista en el Código Penal del Estado de México, al considerar que contraviene el derecho a la reinserción social establecido en la Constitución.
La resolución invalidó la fracción V del artículo 242 del código mexiquense, que permitía esta sanción para casos de homicidio cometidos con ensañamiento, crueldad u odio motivado por razones de discriminación, aversión o rechazo a la víctima debido a su condición social, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género.
El pleno de la Corte determinó que la prisión vitalicia resulta incompatible con los principios constitucionales, al anular cualquier posibilidad de reinserción social para las personas sentenciadas. El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, señaló que esta pena es contraria a lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución, que obliga a las instituciones penitenciarias a garantizar condiciones para la reinserción, incluyendo acceso a salud, deporte, trabajo y educación.
Además, se subrayó que la normativa penal del Estado de México no contempla un mecanismo de revisión de dicha pena, lo que la convierte en una medida excesiva y contraria a los derechos humanos, en violación de los artículos 18 y 22 de la Carta Magna.
La decisión de la SCJN tendrá efectos retroactivos, por lo que las personas condenadas bajo esta disposición deberán recibir una nueva sentencia ajustada a las penas previstas para el delito de homicidio, tomando en cuenta el grado de culpabilidad en cada caso.
La resolución se derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el decreto publicado en junio de 2019 que estableció la prisión vitalicia en el Código Penal mexiquense.
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