Información de Gerardo Carmona
El Congreso mexiquense organizó cinco asambleas regionales de consulta a comunidades indígenas y afromexicanas de 48 municipios, como parte del proceso legislativo para reformar la Constitución local y reconocerlas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para ejercer su libre determinación.
Las consultas públicas, libres e informadas fueron organizadas por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas, y Desarrollo y Bienestar Social de la LXII Legislatura, a partir de iniciativas presentadas por la diputada Leticia Mejía García, del PRI; la bancada de Movimiento Ciudadano, coordinada por Juan Zepeda Hernández, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El objetivo es armonizar la Constitución del Estado de México con la reforma federal en materia indígena aprobada en octubre de 2024, que modificó el marco de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Las asambleas se efectuaron en Acambay de Ruiz Castañeda, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, regiones donde se concentró la participación de autoridades comunitarias, representantes sociales y habitantes de municipios con presencia indígena o afromexicana registrada oficialmente.
En Acambay acudieron representantes de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Jilotzingo, Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón.
En San Felipe del Progreso participaron habitantes de Almoloya de Juárez, Amanalco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria. En Temoaya se reunieron pobladores de Capulhuac, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Jalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.
A la sede de Texcoco acudieron comunidades de Amecameca, Chalco, Ecatepec, Teotihuacán y Texcoco, mientras que en Tejupilco participaron representantes de Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle y Tianguistenco.
Durante las consultas se expusieron los alcances de la reforma, su metodología y los derechos que se pretenden incorporar al texto constitucional local. Para ello se utilizaron materiales accesibles y traducidos a lenguas indígenas, con el acompañamiento del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, que fungió como órgano técnico.
También se integró un comité asesor con representantes del Congreso y del gobierno estatal, además de la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como observadora independiente.
Entre los temas discutidos estuvo el reconocimiento de los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales, así como su derecho a conservar, desarrollar y transmitir sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
Las comunidades también opinaron sobre el derecho a elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, bajo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como sobre la posibilidad de contar con representantes indígenas en los ayuntamientos.
Otro de los ejes fue el derecho a preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, fortalecer las lenguas indígenas, participar en modelos educativos interculturales y promover la medicina tradicional y la partería.
La propuesta incluye además el reconocimiento de sistemas normativos internos en juicios y procedimientos, con asistencia de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados, bajo criterios de pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
En materia territorial, las comunidades se pronunciaron sobre la conservación de sus hábitats, la protección de la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, además del derecho a ser consultadas frente a medidas legislativas o administrativas que puedan afectar de manera significativa su vida o su entorno.
El proyecto plantea que las autoridades impulsen el desarrollo comunitario y regional, fortalezcan las economías locales y garanticen asignaciones presupuestales que puedan ser administradas directamente por pueblos y comunidades.
En el caso de las comunidades afromexicanas, se discutió su reconocimiento como descendientes de personas originarias del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural.
La consulta también incluyó derechos específicos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, entre ellos la participación efectiva en la toma de decisiones, el acceso a educación, salud, tecnología, cultura, deporte, capacitación para el trabajo, propiedad y posesión de tierras.