Información de Gerardo Carmona
La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de México aprobó reformas para modificar los procedimientos de autorización de conjuntos urbanos y proyectos inmobiliarios, establecer nuevas obligaciones a desarrolladores y municipios, así como ampliar los mecanismos para garantizar el acceso a vivienda digna, incluida la modalidad de alquiler para sectores vulnerables.
El dictamen reúne iniciativas presentadas por el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena; la bancada del PVEM, coordinada por José Alberto Couttolenc Buentello, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Las modificaciones buscan además que la entidad pueda incorporarse al Programa Nacional de Vivienda.
Durante la reunión de la comisión, Martínez Vargas sostuvo que las reformas pretenden cerrar espacios a irregularidades cometidas en administraciones anteriores entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Señaló que cuatro de cada 10 mexiquenses habitan unidades habitacionales que arrastran problemas desde su construcción.
El legislador afirmó que durante años se autorizaron desarrollos en los que las familias adquirieron créditos de hasta tres décadas, pese a que los conjuntos carecían de agua, escuelas, mercados, espacios públicos u otros servicios básicos.
El proyecto actualiza las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura para autorizar conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, relotificaciones y fusiones, así como coordinar la entrega a los municipios de áreas de donación, obras de urbanización, equipamiento e infraestructura.
Los municipios, por su parte, deberán aprobar proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas, sanitarias y de urbanización asociadas a conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios.
También se establecen obligaciones para los desarrolladores, quienes deberán proporcionar información sobre las obras, permitir visitas de inspección, reportar avances, atender observaciones y, una vez concluidos los trabajos, realizar su entrega formal a las autoridades o, en el caso de condominios, a sus órganos de administración.
Las disposiciones sobre áreas de donación y equipamiento urbano alcanzarán, entre otros casos, a subdivisiones de predios de tres mil metros cuadrados o más y proyectos que impliquen la autorización de 30 o más viviendas.
En materia de impacto estatal, la Comisión de Impacto Estatal podrá establecer mecanismos para regularizar proyectos iniciados o concluidos sin dictámenes, permisos, evaluaciones o licencias, sin que ello elimine las sanciones correspondientes.
Una vez acreditados los requisitos para solicitar la Evaluación de Impacto Estatal, la autoridad tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para solicitar, por una sola ocasión, una visita colegiada al predio. La evaluación únicamente podrá emitirse cuando todas las instancias involucradas otorguen dictámenes técnicos favorables.
Las reformas incorporan además programas de vivienda en alquiler bajo responsabilidad del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, con prioridad para personas en condiciones de pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo.
La Política Estatal de Vivienda deberá considerar también la participación de comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente aquellas asentadas en zonas de alta y muy alta marginación.
El dictamen modifica además el decreto publicado en enero de 2021 para establecer que los Dictámenes Únicos de Factibilidad expedidos antes de la entrada en vigor de esa reforma y que aún se encontraban vigentes tendrán carácter permanente.
Las modificaciones todavía deberán ser sometidas a consideración del pleno de la Legislatura mexiquense para su aprobación definitiva.