Información de Gerardo Carmona
Diputadas y diputados del Congreso del Estado de México comenzaron a unificar las iniciativas presentadas en la LXII Legislatura para tipificar la violencia ácida o química como delito autónomo, con el propósito de que estas agresiones dejen de procesarse sólo como lesiones o violencia familiar y tengan sanciones más severas, además de medidas específicas de protección, atención y reparación para las víctimas.
En comisiones legislativas, representantes de Morena, PT y PAN coincidieron en que este tipo de ataques debe quedar reconocido de manera expresa en la ley mexiquense, al considerar que no se trata únicamente de una agresión física, sino de una forma de violencia que busca marcar de por vida a las víctimas, anular su identidad y profundizar su exclusión social. En la discusión participaron las diputadas morenistas Zaira Cedillo Silva, Nelly Brigida Rivera y Selina Trujillo Arizmendi; la petista Ana Yurixi Leyva Piñón; la panista Emma Laura Álvarez Villavicencio, y el legislador Octavio Martínez Vargas.
Zaira Cedillo sostuvo que las propuestas buscan responder a una omisión legal que ha impedido a las víctimas acceder a una atención integral y a una reparación del daño adecuada. En esa línea, se planteó incorporar en el marco jurídico la definición de violencia ácida o química, establecer medidas de protección, atención médica inmediata, rehabilitación física y sicológica, así como mecanismos que favorezcan la reintegración social y laboral de quienes han sufrido este tipo de ataques.
Por su parte, Nelly Brigida Rivera planteó que la agresión con ácido y otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas debe castigarse como una conducta autónoma. Su iniciativa prevé penas de hasta 65 años de prisión cuando el ataque derive en la muerte o suicidio de la víctima. La legisladora afirmó que, de prosperar las reformas, el Estado de México se sumaría a otras entidades que ya han legislado en la materia.
Durante la reunión también se insistió en que el debate no debe limitarse al aumento de castigos. Selina Trujillo propuso que las personas agresoras respondan con la reparación del daño mediante medidas como incautación de bienes o congelamiento de cuentas, mientras Ana Yurixi Leyva advirtió sobre la necesidad de garantizar recursos para cirugías reconstructivas y tratamientos especializados. Octavio Martínez, a su vez, planteó revisar que las sanciones no se limiten únicamente a un género, aunque el eje de la discusión se centró en la violencia ejercida contra mujeres.
En la sesión participó Carmen Sánchez Flores, sobreviviente de un ataque con ácido y presidenta de la fundación que lleva su nombre, quien recordó que su caso derivó en una condena de 46 años y 8 meses de prisión contra su agresor, considerada la primera sentencia de este tipo en México y América Latina. La activista sostuvo que la reforma debe incluir atención médica continua, apoyo sicológico, reparación del daño y medidas de no repetición, pues la revictimización institucional y la falta de recursos siguen siendo parte del problema.
Como parte del proceso legislativo, las y los promoventes convocaron al foro “Violencia Química o Ácida. Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México”, programado para el 22 de abril a las 9:00 horas en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, con el fin de recabar aportaciones y avanzar hacia la elaboración del dictamen.