Información de Gerardo Carmona
Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron una iniciativa para tipificar el nepotismo como falta administrativa grave, con lo que las personas servidoras públicas que incurran en esa práctica podrán ser sancionadas con destitución e inhabilitación de hasta 20 años.
La propuesta, impulsada por el diputado de morena José Miguel Gutiérrez Morales y avalada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, plantea reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para establecer con mayor claridad en qué casos se configura esta conducta.
De acuerdo con el dictamen, se considerará nepotismo cuando una persona servidora pública designe, nombre o intervenga en la contratación, dentro del ente donde desempeña sus funciones, de personas con quienes tenga parentesco por consanguinidad, afinidad hasta segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
El proyecto precisa además que, para efectos de sanción, los lazos de consanguinidad abarcarán hasta el cuarto grado y los de afinidad hasta el segundo. Es decir, la restricción alcanzará a madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, nietas, nietos, abuelas y abuelos, así como a familiares de la pareja, entre ellos suegras, suegros, yernos, nueras, cuñadas y cuñados.
La iniciativa señala que la falta se actualizará cuando la persona servidora pública utilice, de manera directa o indirecta, las atribuciones de su cargo para favorecer ese tipo de contrataciones, ya sea en plazas de confianza, de estructura, de base o por honorarios.
Durante la reunión, presidida por la diputada panista Emma Laura Álvarez Villavicencio, el promovente sostuvo que en el servicio público debe prevalecer la congruencia con la función de servir a la población, y no el uso del cargo para beneficiar a familiares.
En la discusión, el diputado morenista Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo afirmó que la iniciativa responde a una exigencia social frente a prácticas que, dijo, la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar, en particular en los ayuntamientos, donde con frecuencia se cuestiona la presencia de familiares de funcionarios en cargos públicos.
Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas señaló que la propuesta había sido presentada inicialmente para considerar el nepotismo como falta no grave, pero finalmente se reclasificó como falta grave, lo que abre la puerta a sanciones más severas. También cuestionó el desempeño del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México al asegurar que, pese a contar con 25 magistradas y magistrados y un presupuesto superior a 300 millones de pesos, no ha impuesto sanciones por faltas graves desde las reformas de 2017.
La diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, también de morena, sostuvo que la administración pública debe entenderse como un espacio para construir políticas públicas y no como una vía para favorecer intereses familiares.
La reforma busca homologar la Ley de Responsabilidades Administrativas mexiquense con la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal. Según la exposición de motivos, el nepotismo estaba tipificado de manera expresa desde 1990, pero a partir de 2017 quedó diluido dentro de la figura de conflicto de intereses.
La legislación vigente prevé que las faltas administrativas graves pueden ser castigadas con suspensión de 30 a 90 días sin goce de sueldo, destitución, sanciones económicas e inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras. Esta última puede ir de uno a 10 años o de 10 a 20 años, dependiendo del monto del daño o beneficio obtenido.
Además, cuando existan afectaciones a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, el Tribunal podrá ordenar el pago de indemnizaciones para reparar de manera total el daño causado, así como imponer medidas de no repetición.
Con este aval en comisiones, la propuesta continuará su ruta legislativa en el Congreso mexiquense.