Advierten que se requiere reformar el marco legal para garantizar la participación ciudadana en contrataciones públicas y prevenir actos de corrupción
Legisladores del Congreso del Estado de México coincidieron en la necesidad de fortalecer la figura de los testigos sociales como un mecanismo indispensable de participación ciudadana en procesos de contrataciones públicas, ante la inminente desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante el foro “Testigos Sociales como Mecanismo de Participación Ciudadana en la Gestión de las Contrataciones Públicas”, celebrado en la sede del Poder Legislativo local, el diputado Maurilio Hernández González (morena), presidente de la Diputación Permanente, y la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacaron que esta figura puede prevenir la opacidad, los conflictos de interés y la corrupción en la gestión pública.
Maurilio Hernández recordó que actualmente la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y el propio Infoem son las instancias facultadas para certificar a los testigos sociales, situación que, dijo, deberá ajustarse tras la aprobación de la extinción del organismo garante. Por ello, subrayó la urgencia de reformar el marco normativo para ampliar las funciones de estos observadores ciudadanos y dotarlos de herramientas que permitan su intervención efectiva en procesos de adquisiciones y licitaciones.
“La presencia de los testigos sociales representa un control externo en la función pública, pero también una oportunidad para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones”, señaló.
A su vez, la legisladora Ruth Salinas informó que Movimiento Ciudadano presentará una iniciativa para incorporar la participación obligatoria de testigos sociales en toda contratación pública. Adelantó que para su diseño impulsará foros regionales bajo el esquema de parlamento abierto. “Es imprescindible que las y los ciudadanos sepan cómo y en qué se gasta el dinero público”, sostuvo.
Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas del Congreso local, reportó que durante 2024 se realizaron 11 licitaciones públicas con presencia de testigos sociales en el Poder Legislativo mexiquense, experiencia que, indicó, ha fortalecido los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), recordó que esta figura surgió en el año 2000 y fue formalmente regulada por la Secretaría de la Función Pública en 2004. Recalcó que, para su efectividad, es fundamental que las personas interesadas cuenten con capacitación adecuada, criterios éticos sólidos y conocimientos técnicos que les permitan desempeñar su función sin incurrir en conflictos de interés.
En el mismo sentido, Juan José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo, llamó a conservar la contratación pública como un ejemplo de gestión abierta, transparente y eficiente. “Una sociedad vigilante y bien informada es clave para lograr una administración responsable”, dijo.
El foro reunió a representantes de los poderes del Estado, de organismos autónomos, ayuntamientos y organizaciones sociales, quienes coincidieron en que, ante el nuevo escenario legal en materia de transparencia, se debe apostar por fortalecer los mecanismos de contraloría social para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.