Información de Gerardo Carmona
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó dos inmuebles en el municipio de Xalatlaco, Estado de México, donde aseguró 111 piezas de madera, cinco camionetas y herramientas para su movilización, como parte de una investigación por la posible comisión de delitos contra la biodiversidad.
La intervención se efectuó después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante el Ministerio Público federal por presuntas irregularidades relacionadas con el almacenamiento, resguardo o transformación de materias primas forestales.
De acuerdo con la fiscalía, en los predios fueron asegurados cuatro locales, además de 82 piezas de madera aserrada y 29 piezas de madera en rollo. Los agentes también localizaron tres ganchos para mover madera y cinco camionetas, que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de cateo para ingresar a ambos inmuebles. La diligencia estuvo a cargo de personal del Ministerio Público de la Federación, mientras que elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la policía estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de la vigilancia perimetral.
La FGR no precisó la ubicación de los inmuebles dentro de Xalatlaco ni detalló si en ellos operaban establecimientos dedicados a la venta o procesamiento de madera. Tampoco reportó personas detenidas por estos hechos ni dio a conocer la identidad de quienes podrían estar relacionados con la investigación.
La dependencia no informó el volumen total del material forestal asegurado, las especies a las que corresponde ni el lugar del que procedía. Asimismo, no indicó si los responsables de los inmuebles contaban con documentación para acreditar la procedencia legal de la madera o con las autorizaciones requeridas para su almacenamiento y transformación.
El material y los demás bienes asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Federal, que continuará las indagatorias para determinar si existieron conductas constitutivas de delitos contra la biodiversidad y establecer la posible responsabilidad de las personas involucradas.
La autoridad ministerial tampoco dio a conocer cuándo se realizaron los cateos ni si habrá nuevas diligencias derivadas de la denuncia de la Profepa.