Información de Gerardo Carmona
La Central Campesina Cardenista (CCC) alertó que en el Estado de México existen cerca de 400 comunidades sin reconocimiento ni titulación legal de sus tierras, pese a que muchas de ellas se ubican en zonas boscosas y de recarga hídrica que abastecen a millones de habitantes del Valle de México y del Valle de Toluca.
Durante un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el dirigente nacional de la organización, Max Correa Hernández, sostuvo que la falta de certeza jurídica mantiene a esas comunidades en condiciones de vulnerabilidad frente a grupos económicos, intereses inmobiliarios, actores políticos y estructuras criminales que buscan apropiarse de sus territorios.
El planteamiento tiene especial relevancia para el Estado de México, donde la presión urbana sobre tierras ejidales y comunales se ha intensificado durante las últimas décadas, sobre todo en municipios con expansión habitacional, zonas industriales, corredores carreteros y áreas forestales estratégicas para la captación de agua.
De acuerdo con la CCC, las comunidades agrarias mexiquenses sin titulación forman parte del rezago nacional acumulado tras el fin del reparto agrario, hace 34 años. La organización estimó que en el país permanecen más de 20 mil expedientes que no fueron resueltos y que dejaron a diversos núcleos campesinos e indígenas fuera del acceso efectivo a los Tribunales Agrarios.
“Hoy, donde antes se sembraban alimentos, muchos pretenden sembrar desarrollos urbanos y especulación inmobiliaria. El debilitamiento del sector agrario debilitó también la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia territorial, sustentabilidad ambiental y paz social en el campo”, advirtió Correa Hernández.
La organización subrayó que el problema no sólo involucra la propiedad de la tierra, sino también la protección de bosques, manantiales, zonas agrícolas y territorios comunitarios que cumplen una función ambiental para las áreas metropolitanas del centro del país.
En el caso mexiquense, la CCC pidió impulsar un Programa de Conciliación y Justicia Agraria en el Bosque de Agua, región estratégica para la recarga de mantos acuíferos y la conservación forestal, donde persisten conflictos entre núcleos agrarios, particulares y proyectos de expansión urbana.
La agrupación campesina solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acompañar una agenda nacional para fortalecer las instituciones encargadas de la justicia agraria, la conciliación y la defensa de la propiedad social, con énfasis en los expedientes rezagados y en las comunidades indígenas agrarias que aún no cuentan con reconocimiento legal.
Correa Hernández reconoció la reciente firma de un convenio entre la SCJN y el sector agrario para la defensa de la propiedad social y el territorio, aunque consideró necesario ampliar su alcance para incluir a comunidades campesinas e indígenas que nunca tuvieron acceso real a la justicia agraria.
Entre sus propuestas se encuentra garantizar presupuesto suficiente y creciente para el sector agrario, así como fortalecer la formación de abogados agrarios, representantes ejidales y autoridades comunitarias, a fin de que los pueblos puedan defender sus territorios frente a intereses externos.
La CCC pidió también instalar una mesa permanente con la Suprema Corte, las instituciones del sector agrario y la propia organización campesina, para que las demandas de las comunidades mexiquenses y del resto del país sean incorporadas al convenio de colaboración.
Para la organización, resolver el rezago agrario en el Estado de México es indispensable para contener la especulación inmobiliaria, preservar zonas ambientales estratégicas y garantizar justicia territorial a comunidades que, pese a conservar bosques y agua, siguen sin certeza jurídica sobre la tierra que habitan y trabajan.