Información de Gerardo Carmona

Ante los casos de abuso patrimonial que enfrentan las personas adultas mayores, incluso por parte de sus propios familiares, el Congreso del Estado de México analiza una reforma al Código Civil para reconocer como violencia patrimonial la apropiación, administración indebida o disposición de sus bienes mediante engaños, presiones o el aprovechamiento de relaciones de confianza y dependencia.
La iniciativa, presentada por la diputada de Morena Itzel Daniela Ballesteros Lule, pretende establecer mecanismos de protección para quienes pierden el control de sus propiedades o recursos económicos a causa de decisiones impuestas por familiares o personas encargadas de su cuidado.
Durante una reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Atención de Grupos Vulnerables, la legisladora advirtió que el abuso no siempre comienza con el despojo directo de una vivienda o terreno, sino mediante poderes notariales, donaciones o contratos que terminan por perjudicar a sus propietarios.
Explicó que estas situaciones suelen presentarse en relaciones de confianza, cuando hijos, parientes o cuidadores asumen el manejo de los bienes de una persona mayor y posteriormente disponen de ellos en perjuicio de su patrimonio.
De acuerdo con la propuesta, se consideraría violencia patrimonial cualquier acto u omisión que afecte la autonomía de las personas adultas mayores para administrar sus propiedades o disponer libremente de sus derechos y bienes.
También incluiría el aprovechamiento de relaciones de parentesco, cuidado, apoyo o dependencia para obtener la transmisión de propiedades, imponer gravámenes o realizar operaciones que perjudiquen económicamente a sus titulares.
Sin embargo, durante el análisis surgieron observaciones sobre los alcances jurídicos de la reforma, particularmente por su relación con delitos contemplados en el Código Penal estatal.
El diputado morenista Octavio Martínez Vargas advirtió sobre posibles contradicciones con las disposiciones relativas al despojo, el uso indebido de tarjetas bancarias y el otorgamiento de poderes notariales.
Cuestionó además los casos en que fedatarios públicos autorizan documentos cuando las personas ya no tienen capacidad para otorgarlos o incluso han fallecido, sin que se establezcan responsabilidades para quienes intervienen.
La legisladora Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México, consideró necesario precisar los conceptos y las consecuencias jurídicas de las conductas propuestas, a fin de evitar confusiones entre las materias civil y penal.
Por su parte, Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, planteó incorporar peritajes especializados, medidas cautelares y mecanismos que permitan revertir la carga de la prueba cuando se acredite una relación de dependencia o subordinación de la víctima.
También propuso que, en determinados casos, un notario pueda entrevistar directamente a la persona afectada para verificar que no exista presión familiar sobre sus decisiones patrimoniales.
La diputada Patricia Santos sostuvo que la protección legal no debe convertirse en una restricción a la autonomía de las personas adultas mayores, quienes conservan el derecho de administrar y disponer libremente de los bienes adquiridos durante su vida.
Los legisladores coincidieron en solicitar una opinión técnica al Poder Judicial del Estado de México antes de avanzar en la discusión de la reforma, que permanece en análisis de comisiones y aún no ha sido sometida a votación del pleno.

