Toluca, Estado de México.- Un grupo de trabajadores del Gobierno del Estado, que fueron separados del sindicato por denunciar públicamente irregularidades en el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), denunció por segunda ocasión a Herminio Cahue Calderón, quien se ostenta como secretario general del organismo, por reformar los estatutos para perpetuarse en el cargo.
El tema es que el martes pasado, el SUTEYM entregó de manera oficial a la gobernadora Delfina Gómez el Pliego Petitorio de Convenio de Prestaciones 2024 e incluso se sacaron la foto ambos y la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García;, así como la oficial mayor, Trinidad Franco Arpero, pero éste podría carecer de validez, ya que La Junta de Conciliación y Arbitraje estatal no le ha dado la toma de nota, por la demanda interpuesta, ya que esta instancia está revisando el tema,
Yuri González Vargas, empleada del gobierno del Estado de México y exdelegada sindical, explicó que los periodos de las mesas directivas eran de 4 años, pero cuando él terminó su primer periodo, en complicidad con la administración de Alfredo Del Mazo, reformó los estatutos para abrir la posibilidad de una reelección sin cumplir con el debido proceso de consultar ante una amplia asamblea. Transcurrió su segundo periodo y en octubre de 2023 volvió a reformar el documento para acceder a un tercer periodo.
“Los periodos duraban 4 años. Cuando entra el actual secretario general, Herminio Cahue Calderón, se modifica el estatuto, pero sin cumplir con el debido proceso. Debía hacerse una consulta a la base, no se hizo a raíz de los trabajadores, se hizo para que él continuara en el cargo y apoyar desde el organismo cuestiones políticas. Se impugnó esta primera ampliación del mandato pero se ocultó información y no se le dio trámite. Terminaron el segundo periodo de ampliación de su mandato, es decir, cuando sumó ocho años en el cargo, y en octubre de 2023 realizó otra reforma estatutaria en la que ahora se permite ampliar una administración hasta por tres periodos”, explicó.
Aseguró que, como en la primera reforma, no se hizo convocatoria abierta a los trabajadores y la aprobó sólo con sus incondicionales. “No hay convocatoria, no hay registro de planillas, no hay participación de la gente, ni se dan los cursos que había para poder contender por la Secretaría General. Sólo se dieron para gente allegada a él, lo que bloqueó cualquier participación de otros grupos”, aseveró.
Esto les sirvió a las administraciones anteriores del Gobierno del Estado del PRI, ya que han usado esto para no respetar a cabalidad los derechos adquiridos de los trabajadores agremiados. “Ha habido un retroceso en los derechos de los trabajadores, muchas de las prestaciones se han visto cortadas, y es triste porque para eso tenemos los convenios de prestaciones socioeconómicas, que establecen cuáles son los montos que se van a otorgar a cada una de las prestaciones”.
Entre ellos está una prestación denominada actos cívicos que nunca se les pagó a los trabajadores, así como las becas a las que tenían derecho, “que ya no dependen de la cantidad que se establece, sino de acuerdo a los que ellos quieren manejar o aportar. El tema de la mutualidad conlleva a lo que es la carta testamentaria o el pago del seguro de fallecimiento y pues les dan a algunos lo que se les da la gana, hay dos aportaciones, una en relación a los activos y otra en relación a los jubilados y agarran parejo”.
Yuri González Vargas precisó que la demanda fue interpuesta en noviembre ante el Tribunal de Conciliación, en marzo se le notifica al sindicato y en el mismo mes de marzo se les notifica que no le es otorgada la toma de nota, porque carece de legalidad y se solicita que dé una explicación del proceder irregular con la que se realizó la reforma a los estatutos.
Aseguró que a partir de estos eventos, ella fue separada sin aviso como sindicalista y delegada sindical, y el sindicato la acosó. Cuando entraba a las instalaciones del organismo le ponían a gente de Seguridad a que la vigilara y un fotógrafo para registrar lo que hacía. En la asamblea de octubre de 2023 fue expulsada públicamente, sólo se enteró por un video que le hicieron llegar y nunca le dieron garantía de audiencia. Está en espera de la resolución final del Tribunal, para solicitar su reinstalación en el sindicato.