Información de Gerardo Carmona
El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México, con el propósito de limitar los arrendamientos onerosos de inmuebles utilizados como oficinas públicas, obligar a que los precios se sustenten en avalúos oficiales y sancionar prácticas de sobreprecio o simulación.
La propuesta plantea modificar los artículos 8, 37, 40 y 74 de esa legislación, a fin de que la Oficialía Mayor emita lineamientos específicos en materia de contratación, que las dependencias puedan valorar criterios de eficiencia energética, accesibilidad y sustentabilidad, y que se desechen ofertas basadas en avalúos simulados o sin sustento técnico.
En entrevista, el legislador local de Ecatepec sostuvo que el objetivo es “detener esto y que el recurso público se utilice de manera honesta, eficiente y de utilidad hacia la ciudadanía y no para un conjunto de familias que han corrompido a servidores públicos”.
Martínez Vargas afirmó que en el estado se ha formado “una dinastía de administradores” que se trasladan de una dependencia a otra con prácticas que, dijo, han permitido mantener contratos ventajosos para particulares.
La iniciativa señala que el Estado de México, con más de 17 millones de habitantes y más de 600 entes públicos estatales y municipales, requiere una amplia infraestructura administrativa, lo que ha generado presión sobre el gasto corriente. Sin embargo, advierte que los arrendamientos se han convertido en uno de los rubros más rígidos y crecientes del presupuesto público.
De acuerdo con el documento, la reforma no busca regular el mercado inmobiliario privado ni afectar el derecho de propiedad, sino fijar límites a lo que el gobierno puede pagar con recursos públicos. El texto sostiene que cada peso destinado de más a una renta inflada deja de invertirse en seguridad, salud, medio ambiente o desarrollo social.
“Uno tendrá que invertir en desarrollar infraestructura propia; modificamos artículos de la Ley de Contratación Pública a efecto de supervisar que los avalúos sean adecuados y no inflados”, expuso el diputado.
Añadió que en Toluca existen contratos con montos que, según su revisión, no tienen comparación con otras zonas metropolitanas del país. “Ni siquiera en Nuevo León, en la zona metropolitana, mucho menos en la Ciudad de México, se tienen arrendamientos como se tienen aquí en Toluca, de onerosos”, señaló.
La propuesta incorpora la posibilidad de desechar contratos de arrendamiento cuando el precio ofertado se sustente en avalúos simulados o emitidos sin apego a criterios técnicos. En esos casos, la convocante deberá dar vista a la instancia correspondiente para que se determinen responsabilidades administrativas o sanciones.
También prevé que las personas físicas o morales que incurran en sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de condiciones de mantenimiento y seguridad del inmueble queden impedidas para contratar con dependencias, órganos autónomos, tribunales administrativos, ayuntamientos y organismos auxiliares.
Consultado sobre si el tema se vincula con el edificio del Tribunal Electoral local, Martínez Vargas respondió que ha conocido casos que le resultan “alarmantes”, entre ellos contratos que calificó como “ventajosos” y “leoninos”.
“Equiparlo fue a costa del erario, de recursos públicos, millonario por cierto el recurso, y que no se contó en abono a rentas. Eso es un tema de corrupción, y así hay que llamarlo”, sostuvo.
El legislador mencionó arrendamientos de 700 mil, 600 mil y 500 mil pesos mensuales en la capital mexiquense. “Sé que hay una red de arrendamientos que han venido operando de manera irregular, haciendo negocios con malos servidores públicos. Eso está claro. Y eso no puede seguir sucediendo”, afirmó.