Información de Gerardo Carmona

Comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron un dictamen para tipificar la violencia vicaria como delito en la entidad y establecer sanciones que van de cuatro a ocho años de prisión para quien utilice a hijas, hijos o personas cercanas con el propósito de dañar a una mujer, lo que implica que la mujer no puede, jurídicamente, cometer violencia vicaria.
La propuesta, avalada en comisiones unidas de la LXII Legislatura local, también contempla multas de hasta mil 500 días, tratamiento psicológico o reeducativo para los responsables y, en determinados casos, la pérdida de la patria potestad.
El proyecto de decreto fue respaldado por legisladores de Morena, PVEM, PAN y PRD, al integrar cinco iniciativas que buscan reconocer y sancionar este tipo de violencia, considerada una forma de agresión indirecta contra las mujeres.
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), las legisladoras Selina Trujillo Arizmendi y Zaira Cedillo Silva, así como el diputado Vladimir Hernández Villegas, de Morena, junto con la diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde, manifestaron su respaldo al dictamen al considerar que se trata de un tema prioritario para garantizar la protección de las mujeres.
De acuerdo con el documento aprobado, la violencia vicaria se configura cuando un hombre, con el propósito de causar daño a una mujer con quien mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o vínculo afectivo, dirige acciones u omisiones contra hijas, hijos, familiares o personas allegadas.
Entre las conductas consideradas dentro de este delito se encuentran amenazar con causar daño a los menores, ocultarlos, retenerlos o sustraerlos de su domicilio, utilizarlos para obtener información sobre la madre, incitar agresiones físicas o psicológicas en su contra o promover acciones que deterioren el vínculo materno filial.
También se contemplan prácticas como interponer denuncias o acciones legales basadas en hechos falsos para obtener la custodia de los menores, condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias o manipular procesos judiciales con el objetivo de perjudicar a la mujer.
El dictamen establece que, además de la pena de prisión, las autoridades podrán imponer multas económicas y ordenar tratamiento psicológico, psicoterapéutico o reeducativo a las personas responsables.
Las reformas también plantean modificaciones al Código Civil para incorporar la violencia vicaria como una forma de violencia familiar que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad física o psicológica de las personas integrantes del núcleo familiar.
Asimismo, se prevé que el Ministerio Público pueda dictar medidas preventivas y solicitar órdenes de protección para salvaguardar la integridad de las víctimas, así como suspender la convivencia con los menores cuando se acredite la existencia de violencia.
El proyecto también contempla la pérdida de la patria potestad en casos de castigo corporal, abandono de las obligaciones alimentarias por más de dos meses o cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.
Durante la reunión de trabajo participó Jennifer Seifert, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quien pidió que esta conducta sea reconocida como una forma de violencia de género y que se acompañe de medidas especiales de protección para las víctimas.
El dictamen deberá ser discutido y votado en el pleno del Congreso mexiquense para su eventual aprobación.

