Información de Gerardo Carmona
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó este lunes reformas al Código Penal para aumentar las penas por ataques con sustancias químicas contra mujeres, niñas y adolescentes. En los casos que causen desfiguración permanente o daños definitivos a un órgano o sentido, la sanción podrá llegar a veinte años de prisión; con las agravantes previstas en el dictamen, el máximo será de treinta años.
La propuesta mantiene estas agresiones dentro del delito de lesiones. Si el ataque doloso contra una mujer, niña o adolescente se comete con ácidos u otras sustancias contempladas en la reforma, la pena será de ocho a 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa. Cuando provoque desfiguración permanente en cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, se elevará a 12 a 20 años y de 300 a 700 días multa.
La sanción correspondiente podrá aumentar hasta en una mitad si el agresor es servidor público y actúa en ejercicio de sus funciones, o si entre él y la víctima existe una relación de parentesco, convivencia, afectiva, sentimental, laboral, docente, de subordinación, confianza o cuidado. La persecución de estos casos sería de oficio.
El dictamen aún deberá pasar al Pleno del Congreso para su aprobación. La diputada Zaira Cedillo, promotora de una de las iniciativas consideradas, dijo que todavía no hay fecha para ello y confirmó que en la sesión únicamente votó la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia. Las modificaciones planteadas a otras leyes, entre ellas la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedaron pendientes de discusión.
Al término de la sesión, Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido en 2014 y presidenta de la fundación que lleva su nombre, reconoció el aumento de las penas, pero sostuvo que una reforma debe asegurar también la atención continua de las víctimas. Señaló que ha pasado por 67 cirugías reconstructivas y que los tratamientos médicos, dermatológicos y psicológicos suelen depender de gestiones que las propias sobrevivientes realizan.
“Una sentencia no me ha reparado mi proyecto de vida”, dijo Sánchez. Recordó que el hombre que la atacó, Efrén García Ramírez, fue sentenciado en 2023 a casi 47 años de prisión. Su fundación tiene conocimiento de 53 sobrevivientes de violencia química en el país, cifra que, aclaró, proviene de los casos identificados por la organización y no de un registro oficial.
Por su parte, Ximena Reyes Canseco, vicepresidenta de la fundación, cuestionó que el Congreso conservara los ataques químicos como una modalidad agravada de lesiones, pues la iniciativa ciudadana proponía reconocerlos como delito autónomo y reformar también la Ley de Víctimas.
Aclaró que aún no había revisado el dictamen completo porque, según dijo, no se lo compartieron antes de la sesión.
Sánchez expresó que para las integrantes de la fundación fue una sorpresa encontrar el dictamen ya preparado. Aunque reconoció los avances, afirmó que continuarán impulsando cambios para garantizar atención médica especializada, rehabilitación y reparación integral a quienes sobrevivan a estos ataques. Cedillo señaló que existe disposición para discutir las reformas pendientes, pero no dio una fecha para hacerlo.