Las autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo conjunto denominado “Atarraya” que resultó en el aseguramiento de 175 establecimientos en 27 municipios del Estado de México. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), estos lugares eran presuntamente utilizados como centros para actividades delictivas como venta de drogas, trata de personas y extorsión.
En el operativo participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional Antisecuestro, y dependencias estatales como la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. También intervino el Poder Judicial del Estado de México para validar las técnicas de investigación.
De los 175 establecimientos asegurados, 30 fueron intervenidos mediante órdenes de cateo, mientras que los restantes 145 fueron inspeccionados. Las acciones simultáneas se llevaron a cabo en municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, y Metepec, entre otros.
Durante las operaciones, se aseguraron diversas cantidades de narcóticos como marihuana, cocaína y cristal, así como armas de fuego y otros indicios que fortalecen las líneas de investigación sobre su presunto uso como centros de operación criminal.
También se rescató a varias víctimas de delitos, incluyendo menores de edad que fueron obligados a consumir alcohol o drogas, además de casos relacionados con trata de personas. En Ecatepec, se encontraron cuatro perros en condiciones de maltrato, que también fueron rescatados.
Un total de 26 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Su situación jurídica será definida en las próximas 48 horas. Según la FGJEM, los indicios recabados apuntan a que estos establecimientos eran utilizados como fuentes de financiamiento para redes criminales, y en algunos casos operaban en colusión con autoridades municipales que toleraban su funcionamiento.
“Operación Atarraya” forma parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno Federal y el Estado de México para combatir el crimen organizado y desarticular sus estructuras económicas. Además, se busca investigar posibles vínculos de servidores públicos con estas actividades ilícitas.