Información de Gerardo Carmona
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso mexiquense aprobaron este miércoles el dictamen para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), que sustituirá al ordenamiento vigente desde 1992 y contempla el voto directo de la comunidad universitaria para elegir autoridades, así como la gratuidad progresiva de la educación.
El documento, elaborado a partir de cuatro iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los diputados morenistas Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, y la bancada de Movimiento Ciudadano, fue avalado por mayoría, con abstenciones de legisladores del PRI y de otras bancadas. Se prevé que este jueves sea sometido a consideración del pleno legislativo.
La nueva legislación reconoce la plena autonomía académica, técnica, de gobierno, administrativa y económica de la UAEMex. También establece el sufragio personal, directo, libre y secreto para elegir a la persona titular de la rectoría y las direcciones de los espacios universitarios.
Durante la discusión, Martínez Vargas sostuvo que la reforma busca democratizar la institución, transparentar el manejo de sus recursos y evitar nuevos casos de corrupción como el de la denominada Estafa Maestra.
Explicó que se contempla una consulta a la comunidad universitaria cada 10 años para identificar las modificaciones necesarias al marco jurídico, además de ampliar la cobertura educativa hacia el oriente del estado y la zona metropolitana del valle de México.
La diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, respaldó el dictamen por incorporar demandas surgidas de la crisis universitaria de 2025, pero cuestionó que se dictaminara en apenas dos días y advirtió que quedaron pendientes mecanismos para garantizar la rendición de cuentas.
Señaló que la legislación no establece expresamente un tribunal de justicia universitaria y deja decisiones en manos del Consejo Universitario, además de limitar las atribuciones del órgano interno de control.
La legisladora presentó reservas a los artículos 136 y 140 para ampliar la vigilancia sobre los ingresos propios de la institución, evitar restricciones en la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y establecer facultades expresas de fiscalización de las operaciones presupuestales y contables.
Sin embargo, ambas propuestas fueron desechadas por mayoría, sin admitirse a discusión.
En respuesta, Martínez Vargas argumentó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ya cuenta con atribuciones para revisar los recursos universitarios y que el órgano interno de control podrá investigar irregularidades administrativas.
Por por parte del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez justificó la abstención de su bancada ante el riesgo de intervención política en los procesos electorales universitarios si no se establecen reglas suficientemente claras.
En contraste, Paola Jiménez Hernández defendió la reforma y sostuvo que la discusión también debe centrarse en la calidad académica y el financiamiento necesario para avanzar hacia la gratuidad.
El dictamen quedó aprobado en lo general y en lo particular, mientras que la propuesta de reforma constitucional incluida en una de las iniciativas originales permanecerá bajo estudio.