Con hasta 10 años de prisión y pérdida de la patria potestad, buscan frenar una de las formas más crueles de violencia de género
Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso del Estado de México aprobaron reformas al marco legal estatal para reforzar la persecución y castigo de la violencia vicaria, forma de agresión que se ejerce a través de hijas, hijos o personas cercanas para dañar a mujeres en contextos de separación o conflicto familiar.
La modificación plantea sanciones de hasta 10 años con ocho meses de prisión, 800 días de multa y la pérdida de la patria potestad a quien incurra en este tipo de violencia, considerada por organizaciones feministas como una de las más invisibilizadas y dolorosas. Se prevé también que el agresor deba someterse a tratamiento psicoterapéutico, psicológico o psiquiátrico.
El dictamen aprobado incorpora cambios al Código Penal, el Código Civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La reforma resulta de la unificación de cinco iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de morena, PVEM, PAN y PRD.
Durante la discusión, la diputada Selina Trujillo (morena), promotora de una de las iniciativas, advirtió que esta legislación no es concesión alguna, sino “un derecho conquistado para romper la cadena de violencia que se perpetúa desde la infancia”. Por su parte, Vladimir Hernández Villegas, de la misma bancada, sostuvo que se trata de un acto de justicia largamente postergado.
De acuerdo con datos expuestos durante la sesión, la Fiscalía General de Justicia estatal recibió más de 300 denuncias relacionadas con violencia vicaria tan solo en 2023. Sin embargo, se reconoció que la cifra negra podría ser mucho mayor, ante la falta de tipificación específica y desconocimiento del tipo penal.
Las diputadas Miriam Silva Mata y Itzel Guadalupe Pérez Correa, del PVEM, subrayaron que la violencia vicaria no solo representa una forma de discriminación hacia las mujeres en el ámbito familiar y judicial, sino también un atentado contra el interés superior de la niñez. “Usar a las y los hijos como herramienta de control y castigo es una forma perversa de agresión que merece una sanción ejemplar”, afirmaron.
La reforma tipifica como violencia vicaria actos como manipular a los hijos para generar rechazo hacia el otro progenitor, amenazar con sustracción de menores, utilizar a las niñas o niños para espiar o intimidar, ocultar el patrimonio o condicionar las obligaciones alimentarias. También se penaliza la promoción de acciones legales con hechos falsos para obtener la custodia o el control de las y los menores.
En casos en que la víctima indirecta sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o en situación de vulnerabilidad, o si el agresor reincide o comete la violencia durante procesos legales relacionados con la custodia o pensión alimenticia, las penas se agravan.
Además, las y los servidores públicos que, por omisión o negligencia, obstaculicen las investigaciones serán sancionados con hasta ocho años de prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) reconoció que este paso coloca al Estado de México en una mejor posición para enfrentar esta problemática, que afecta principalmente a mujeres que han denunciado violencia en sus relaciones o que enfrentan procesos legales con sus exparejas.
María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) puntualizó que 26 entidades federativas han legislado ya sobre el tema, pero aún hace falta que se logre una homologación más amplia a nivel nacional.
La reforma contempla que la patria potestad podrá recuperarse únicamente si la persona agresora se somete a valoraciones psicológicas y sociales que indiquen que ya no representa un riesgo. Asimismo, se establece que el régimen de convivencia será suspendido si se demuestra la existencia de violencia vicaria o familiar.
Organizaciones de madres protectoras, juristas y colectivos feministas han exigido durante años que este tipo de agresión sea reconocida legalmente, ya que muchas veces opera bajo formas sutiles o mediante instrumentos legales, prolongando el sufrimiento y la revictimización. Con estas modificaciones, el Congreso mexiquense busca cerrar una brecha en la protección a las mujeres y a la infancia.