Hasta 16 años de cárcel por este delito, avalaron en Comisiones
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia del Congreso mexiquense aprobaron por unanimidad reformas que sancionan con hasta 16 años de prisión y multas superiores a 90 mil pesos a quienes utilicen tecnologías de información para violentar sexualmente a menores de edad.
La propuesta, presentada por el diputado de morena Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, establece una pena inicial de hasta ocho años de prisión y una multa equivalente a 400 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, 45 mil 256 pesos, contra quien, mediante mensajes electrónicos, escritos o digitales, intente o logre un encuentro físico con fines sexuales o para obtener material explícito. En los casos en que la víctima sea menor de edad, o se trate de personas con alguna discapacidad para comprender el hecho, las sanciones se duplicarán.
La reforma al Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México fortalece también las atribuciones de la Procuraduría estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que pueda intervenir de forma inmediata en casos de violencia contra menores y participar en la valoración del perdón legal.
El legislador sostuvo que “la reforma pone en el centro de la política pública a la infancia, que enfrenta violencia, impunidad y desigualdad. Cada paso en este sentido es una apuesta por una sociedad más justa”.
La iniciativa contó con el respaldo de representantes de las bancadas de morena, PT y PAN. Las diputadas María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena), Ana Yurixi Leyva Pinón (PT) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) coincidieron en que el fortalecimiento del marco legal permitirá garantizar la protección integral de la infancia y otros sectores vulnerables, bajo los principios de prevención, atención y no revictimización.
En el dictamen aprobado se incluye la obligación de que las instituciones de salud brinden atención prioritaria e inmediata a menores víctimas de violencia, y que notifiquen de inmediato a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para activar mecanismos de protección urgentes. Asimismo, se refuerza el acompañamiento psicosocial, jurídico y médico con el objetivo de lograr la restitución integral de derechos y la reparación del daño.
La propuesta fue enriquecida con el acompañamiento de organizaciones civiles, entre ellas el Early Institute, representado por Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas.