Un operativo de gran escala coordinado entre fuerzas federales y estatales se llevó a cabo este lunes en los municipios de Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, Valle de Bravo y Temascaltepec, ubicados en la región sur del Estado de México. Las acciones policiales, que incluyeron cateos y presencia militar en diversas comunidades, provocaron el cierre de negocios y desencadenaron protestas por parte de habitantes, especialmente en la comunidad de San Miguel Oxtotilpan, donde se reportaron detenciones.
Desde las primeras horas del día, vecinos de la zona alertaron sobre la irrupción de convoyes con efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad estatal y agentes ministeriales. Las operaciones se concentraron principalmente en zonas rurales, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido comunicado oficial que aclare el motivo del despliegue ni los resultados obtenidos.
La situación más delicada se presentó en San Miguel Oxtotilpan, en el municipio de Temascaltepec, donde elementos ministeriales realizaron un operativo en una mina de arena y detuvieron a seis personas. En respuesta, pobladores de la comunidad bloquearon el acceso principal en un intento por evitar que los detenidos fueran trasladados, lo que generó tensión entre habitantes y autoridades.
“Solo llegan y se los llevan sin decirnos nada”, denunció una de las mujeres que participó en el bloqueo, quien, al igual que otros residentes, cuestionó la legalidad del operativo. Señalaron que no hay antecedentes recientes de violencia en la zona que justifiquen la magnitud del despliegue ni el uso de la fuerza.
Hasta las 18:30 horas, el cierre del paso en San Miguel Oxtotilpan se mantenía, mientras las autoridades intentaban establecer un canal de diálogo con los manifestantes. En tanto, en otros puntos de los municipios intervenidos, continuaba la presencia de fuerzas de seguridad.
El silencio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que no ha informado sobre las causas del operativo ni sobre el número total de personas detenidas, ha alimentado el malestar entre la población.
La región sur del Estado de México ha sido históricamente escenario de operativos de seguridad en el contexto de la lucha contra grupos delictivos. No obstante, habitantes y organizaciones comunitarias han manifestado su preocupación ante lo que consideran una estrategia basada en el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones criminaliza a las comunidades rurales y afecta sus actividades económicas. También han exigido que los operativos se realicen con respeto a los derechos humanos y que se informe con claridad a la ciudadanía sobre su naturaleza y alcances.