Información de Gerardo Carmona
La Secretaría de Finanzas del Estado de México abrirá una mesa de trabajo con representantes del sector joyero y autoridades económicas estatales para revisar el tratamiento fiscal y administrativo que se pretende aplicar a ese gremio, luego de las inconformidades expresadas por comerciantes del Valle de Toluca contra un cobro anual de alrededor de casi 30 mil pesos por establecimiento, según lo establece el artículo 76, numeral VIII, inciso A del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
La tarde de este martes, en el Palacio de Gobierno estatal, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) del Valle de Toluca, Fernando Reyes Muñoz, se reunió con el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, y el subsecretario de Ingresos, José Arturo Lozano Enríquez, para abordar el conflicto que derivó en reclamos públicos del gremio joyero.
En entrevista posterior al encuentro, Reyes Muñoz sostuvo que no hubo una resolución definitiva, pero calificó la reunión como “productiva”, porque permitirá abrir una segunda etapa de análisis con participación de la Secretaría de Desarrollo Económico y de representantes directos de los joyeros.
“No llegamos a nada; sin embargo, sí fue productiva, en el sentido de que esto va a motivar una reunión más”, señaló el dirigente empresarial, al explicar que el objetivo será revisar con mayor precisión en qué apartado del marco fiscal estatal debe ubicarse la actividad joyera.
El conflicto se originó luego de que comerciantes del Centro Histórico de Toluca acusaron a la Secretaría de Finanzas de intentar aplicarles un esquema regulatorio que, según afirmaron, los equipara con casas de empeño o comercializadoras de compra y venta de oro y plata, pese a que la mayoría opera como pequeños negocios familiares dedicados al comercio minorista.
La semana pasada, integrantes del sector joyero denunciaron que desde octubre de 2025 comenzaron a recibir notificaciones para cumplir con un trámite cuyo costo ronda los 30 mil pesos anuales por local. Los inconformes advirtieron que el cobro podría llevar al cierre de establecimientos, al aumento de la informalidad y a la pérdida de empleos vinculados con esta actividad.
Organismos empresariales respaldaron entonces la petición de revisar el esquema. La Canaco Valle de Toluca planteó que la autoridad debe distinguir entre joyerías tradicionales, que venden al menudeo, y unidades económicas dedicadas al empeño, valuación o comercialización mayorista de metales preciosos.
Reyes Muñoz reiteró este martes que la intención de la cámara no es rechazar la regulación, sino evitar que el gremio sea colocado en una categoría que, a su juicio, no corresponde con su operación real.
“De pronto le están dando un tratamiento como si fueran casas de empeño o como si fueran comercializadoras, cuando nosotros creemos, después de un análisis serio, que no es el enfoque o el lugar en donde deberían asignarlos”, indicó.
El dirigente empresarial explicó que la próxima mesa deberá integrar a especialistas, autoridades fiscales, la Secretaría de Desarrollo Económico y representantes del propio sector, debido a que se trata de un giro con características específicas que no puede resolverse sólo desde una interpretación general del Código Financiero estatal.
La fecha de la siguiente reunión no quedó definida, sine embargo, Reyes Muñoz indicó que la Canaco quedará atenta al llamado que hagan las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Económico para continuar con la revisión.
El caso también llegó al Congreso mexiquense, donde legisladores de Morena pidieron a Finanzas transparentar el cobro y abrir mesas técnicas para determinar si el requerimiento tiene sustento en el marco fiscal aprobado para 2026 o si existe una aplicación indebida para pequeños negocios joyeros.
Por ahora, los empresarios esperan que el diálogo permita separar jurídicamente a las joyerías minoristas de los establecimientos dedicados al empeño o a la comercialización mayorista de metales, y que con ello se evite una carga económica que, advirtieron, afectaría principalmente a negocios familiares del centro de Toluca y otros municipios del Valle.