Información de Gerardo Carmona
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) abrió el registro de abogados interesados en incorporarse a la Alianza Pro Bono, un programa mediante el cual se busca ofrecer asesoría y defensa jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, comunidades y organizaciones que carecen de recursos económicos para contratar servicios legales.
La convocatoria está dirigida a profesionales del derecho que cuenten con cédula profesional vigente y estén dispuestos a prestar sus servicios sin remuneración, como parte de una red de colaboración que pretende ampliar el acceso a la justicia en la entidad.
Los interesados deberán ingresar al portal electrónico www.pjedomex.gob.mx y completar la Cédula de Información con sus datos personales y profesionales. Una vez aceptada su solicitud, tendrán que adjuntar una Carta Compromiso firmada y generar una cuenta de usuario para registrar los asuntos que atenderán.
La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México será el área encargada de establecer el enlace institucional para la operación del programa.
Sin embargo, el Poder Judicial aclaró que su participación se limitará a facilitar la vinculación entre los abogados y las personas que requieran sus servicios, por lo que no intervendrá en la relación jurídica que establezcan ambas partes ni asumirá responsabilidad por las actuaciones, omisiones o resultados de los procedimientos.
En consecuencia, los profesionistas inscritos serán responsables de la conducción técnica, ética y profesional de los asuntos que acepten.
De acuerdo con cifras difundidas por el Tribunal Superior de Justicia, el Estado de México concentra el 10 por ciento de los asuntos de defensoría pública del ámbito estatal que se registran en el país, así como el 24 por ciento de las causas penales que ingresan a los juzgados estatales de juicio oral.
Ante esta carga de trabajo, la institución considera necesario establecer mecanismos de colaboración con abogados particulares para ampliar las posibilidades de representación jurídica de quienes enfrentan dificultades económicas.
La Alianza Pro Bono fue presentada en agosto pasado como una estrategia para reducir las desigualdades en el acceso a servicios legales y promover la defensa de los derechos humanos.
Entre sus objetivos se encuentra impulsar el litigio estratégico en asuntos de interés público, particularmente aquellos relacionados con discriminación, desigualdad y equidad de género.
El programa establece como principios la gratuidad de los servicios, sin condiciones para las personas beneficiarias, así como la confidencialidad, el secreto profesional, la prevención de conflictos de interés y la continuidad en la atención de los expedientes.
También contempla que los abogados participantes asuman un compromiso de responsabilidad social, mediante el ejercicio de su profesión en favor de sectores de la población que, por sus condiciones económicas o sociales, encuentran mayores obstáculos para acceder a la justicia.