Información de Gerardo Carmona
Unas 80 personas, entre familiares, amigos y conocidos del médico Jesús Fernando Romero Espinosa, marcharon este martes desde las Torres Bicentenario hasta el Palacio de Gobierno estatal, en el centro de Toluca, para exigir que se revise el proceso penal en su contra y que pueda enfrentar el juicio en libertad.
El contingente avanzó por avenida Miguel Hidalgo, giró en Ignacio López Rayón y continuó por Sebastián Lerdo de Tejada hasta colocarse frente a la sede del Ejecutivo mexiquense. Con pancartas y consignas, pidieron que se esclarezca un caso que se remonta a 2013 y que, tras varios años en archivo temporal, derivó recientemente en la detención y vinculación a proceso del galeno.
Romero Espinosa se encuentra recluido en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Hace seis días fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso por omisión, relacionado con la muerte de Miguel Ángel Zapata, entonces director de Seguridad Pública de Metepec, quien falleció días después de someterse a una liposucción practicada por el hoy imputado.
Gladys Mendiola Mondragón, abogada del médico, explicó que la carpeta de investigación se inició en 2013, dos meses después del fallecimiento. En 2018 el expediente fue enviado a archivo temporal. Señaló que el 6 de diciembre de ese año se emitió una opinión técnica que, a su juicio, beneficiaba al doctor, y que posteriormente hubo una dilación procesal de más de seis años, pues fue hasta agosto de 2024 cuando el Ministerio Público retomó las indagatorias.
La defensora sostuvo que durante ese periodo se extraviaron documentos relevantes, entre ellos expedientes clínicos del Sanatorio Venecia y del Centro Médico de Toluca, así como constancias relacionadas con la declaración del médico. Afirmó que la carpeta pasó de seis mil 115 hojas a mil 500 cuando se les dio acceso.
Detalló que la cirugía se realizó el 27 de julio de 2013; al día siguiente el paciente regresó por dolor abdominal, pero, según su versión, se retiró sin aceptar hospitalización. El 29 de julio volvió con vómito y náuseas; fue valorado por otro especialista que diagnosticó choque séptico y recomendó una laparotomía exploradora. La familia decidió trasladarlo al Centro Médico de Toluca, donde falleció.
Mendiola Mondragón cuestionó la clasificación jurídica del caso como homicidio doloso por omisión y argumentó que, en todo caso, se trataría de un homicidio culposo. Añadió que no se practicó necropsia ni estudios histopatológicos que permitieran determinar con certeza la causa de la perforación intestinal que se atribuye al procedimiento quirúrgico.
Indicó que solicitarán un amparo contra el auto de vinculación a proceso y buscarán que el médico enfrente el juicio en libertad. El recurso podría resolverse en un plazo de hasta 90 días.
Berenice Alacio Ávila, esposa del imputado, relató que la detención ocurrió hace 15 días y que la noticia la tomó por sorpresa, pues consideraban que el asunto había quedado resuelto con el paso del tiempo. “Mi vida cambió de un día a otro”, expresó. Señaló que su esposo cuenta con cédulas profesionales como médico cirujano, con formación en cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva, y que durante 16 años ejerció la profesión.
La manifestante afirmó que la movilización busca que la gobernadora los escuche y conozca su versión de los hechos. “No sólo es por Fernando, es por todos los médicos; no a la criminalización del acto médico”, dijo.
El caso revive un episodio ocurrido hace más de una década y coloca en el centro del debate la actuación de las autoridades ministeriales y judiciales, así como los alcances de la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina. Mientras tanto, la familia del médico insiste en que se revise el proceso y se garantice un juicio imparcial.