Toluca, Estado de México.- El Sistema DIF Nacional entregó este lunes las llaves de acceso a la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a representantes de los poderes judiciales del país, en una ceremonia realizada en la Escuela Judicial del Estado de México, con lo que los tribunales estatales ya podrían ingresar registros de personas que no han cumplido el pago de pensiones alimentarias, con las consecuencias que esto genere.
Este registro es público, gratuito digital y nacional, por lo que los datos del deudor no constituyen información confidencial. La inscripción en este registro será producto del incumplimiento de pensión alimentaria que haya sido decretada por un juez, y tendrá como efecto la inhabilitación de algunos derechos por parte de deudor.
Quienes ahí aparezcan no podrán tramitar licencias para conducir, no podrán tramitar pasaportes o cualquier documento de identidad de viaje, no podrán cargos públicos ni de elección popular, no podrán participar o ser candidatos a jueces o magistrados federales o locales; no podrán realizar trámites con notario por la compra-venta de bienes inmuebles o derechos reales, no podrán salir al país, salvo que entreguen una garantía suficiente, y el juez del Registro Civil hará del conocimiento de los cónyuges si alguno está inscrito en el registro.
El procedimiento que debe seguir un juez para hacer la declaratoria de persona morosa a un deudor y el plazo que tendrán para que así se determine serán potestad de los Poderes Legislativos o Judiciales de los Estados determinarlos, sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un plazo de 90 días, a partir de la sentencia para que una persona sea declarado morosa.
El registro tendrá tres modalidades de consulta pública. El primero, cualquier persona podrá tener acceso para consultas con sólo con teclear el nombre de la persona morosa, en esta modalidad sólo aparecerán el nombre completo del moroso, su CURP, RFC, su registro de población, el plazo de pago de la pensión y el juzgado que ordenó la inscripción. Otra de acceso directo para los Tribunales y una tercera de acceso directo con datos estadísticos, sólo para las Procuradurías de Protección a la Niñez. Ahí también se podrán imprimir certificados de no adeudo, que serán requeridos por diversas autoridades para la realización de trámites.
La titular del DIF Nacional, Nuria Fernández Espresate, hizo un llamado a los jueces en materia Familiar en el país a que los juzgados dejen de ser “un lugar con tanta morosidad en el pago de deudas alimentarias, el que se apoye a mujeres es el primer eslabón del Sistema de Cuidados (que está en proceso de construcción en el país)”. Señaló que los diputados federales ya emitieron el decreto que reformas en materia de pensiones alimentarias, el Sistema DIF Nacional ya realizó este registro nacional, ahora los tribunales deben emitir sentencias al respecto de manera más expedita y alimentar esta plataforma.
En el evento, el director de asuntos Jurídicos del DIF, Alejandro Cárdenas Camacho, señaló que actualmente se desconoce la cifra exacta de deudores alimentarios en el país y no hay estadísticas tampoco respecto a la cantidad de juicios que hay en la materia y en cuantos se ha logrado cumplir el mandato judicial de que se paguen los montos adeudados. “Con la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tendremos una herramienta valiosa para empezar a generar estadísticas en la materia y construir políticas públicas a nivel nacional.
Por su parte, el titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, reconoció al DIF Nacional por esta iniciativa y señaló que constituye un claro ejemplo de una política pública efectiva y de Estado, que implica a los ámbitos federal y estatal para combatir el fenómeno el grave fenómeno del incumplimiento de la ley. “No nos gusta cumplir la ley, somo reticentes para cumplir la ley y la mejor forma de cumplir con nuestras obligaciones es obligar, claro, por supuesto, pero también hacer consciencia de la importancia que tiene cumplir las obligaciones alimentarias, por la razón, y si no, por la fuerza de la ley. Es lo importante de esta política pública, acabar con esa simulación del cumplimiento de obligaciones”.
Indicó que en el Estado de México las instituciones funcionan con mucha armonía y no es la excepción con el DIF Estado de México (DIFEM), “en el Estado de México nos declaramos listos en nuestra plataforma tecnológica para operar este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con base en los lineamientos publicados y con los métodos para recabar información que ya ha aprobado el Consejo de la Judicatura del Estado de México”.
Indicó que esto debe venir acompañado por un cambio cultural, principalmente para los hombres. “Tenemos que quitarle la carga a las mujeres de muchas obligaciones que culturalmente les asignamos, pero también tenemos que construir nuevas masculinidades donde los hombres asumamos nuestras obligaciones compartidas y eso es un cambio cultural”.
Se necesitan recursos: Ricardo Sodi
El también magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal insistió en la importancia de que se destinen recursos en la implementación de estos cambios en materia de lo Familiar en el país, ahora que está en marcha la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entró en vigor en junio del año pasado, pero que está en proceso de adecuación en las entidades federativas.
Indicó que no hay recursos para hacerlo de la mejor manera con todo lo que implica. Puso como ejemplo otros procesos de cambio de paradigma en la justicia, como cuando se instauró el modelo de justica penal acusatoria y oral en el país, cuyos casos representan entre el 8 y 10% de carga para los tribunales, o cuando se implementó un nuevo modelo de justicia laboral nacional, que este tipo de justicia representa máximo un 4% de la carga de trabajo. En ambos, dijo, se contó con apoyo financiero de la Federación e incluso de organismos internacionales para capacitación y adecuación hasta de instalaciones.
Sin embargo, ahora que se hay un cambio en el modelo de justicia en materia Civil y Familiar en el país, que representa, dependiendo el tribunal, entre el 70 y 75% de la carga de trabajo jurisdiccional, no los hay. “Nos mandaron con la bendición de nuestras casas, nos dijeron ahí ustedes búsquense la vida, yo les doy el Código Nacional, el Congreso de la Unión, pero los recursos búsquenlos en cada uno de sus estados”.
Aseveró que la realidad en los tribunales de justicia estatales es muy magra y por eso se necesitan recursos para implementar cuestiones extraordinarias al trabajo del día a día. Recordó que en los foros par la Reforma Judicial expuso una propuesta para que se le dé suficiencia y autonomía presupuestaria a los Poderes Judiciales de las entidades. “He propuesto concretamente el fortalecimiento de los presupuestos de los tribunales locales, solicitando muy respetuosamente a nuestras autoridades legislativas federales, que tienen ahora la encomienda de una revisión profunda a los Poderes Judiciales que se establezca un principio de no reductibilidad de los presupuestos de las entidades federativas y progresividad en los mismos, de un mínimo de un 4% del presupuesto total de cada entidad federativa… Segundo, he pedido la constitución de un fondo especial para el apoyo a la justicia local, tan necesario, sobre todo que enfrentamos la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.
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