
La población de San Juan Acatitlán enfrenta una crisis ambiental que amenaza su salud y sus medios de vida. El cauce del río Temascaltepec, antes fuente de sustento y equilibrio ecológico, presenta un avanzado estado de contaminación que ha encendido las alarmas entre los pobladores, quienes denuncian la omisión de las autoridades.
En respuesta a esta emergencia, los habitantes han convocado a una reunión comunitaria para el próximo jueves, con el objetivo de exigir soluciones inmediatas al gobierno local y a la Secretaría del Medio Ambiente estatal. Señalan como principal responsable a la mina ubicada en La Guitarra, que, pese a su cierre hace algunos años debido al impacto ambiental que generaba, ha reanudado operaciones sin que se tomen medidas de mitigación.
“El río se está muriendo y con él nos arrastran a nosotros. El agua ya no es apta ni para el ganado ni para el riego. Hay enfermedades, hay muertes de animales, y nadie hace nada”, denunció José Hernández, campesino de la región. Los pobladores han documentado el deterioro del afluente: el agua ha adquirido un tono rojizo y un olor fétido impregna el ambiente. Además, reportan un aumento en padecimientos respiratorios y gastrointestinales entre la niñez y personas mayores.
“Cada día que pasa sin una respuesta clara es una sentencia para nuestra comunidad. Las autoridades municipales y ambientales han sido omisas ante nuestras denuncias”, expresó María Gómez, integrante del comité organizador de la reunión.
La comunidad exige el cierre definitivo de la mina y la implementación de un plan integral de saneamiento para el río. Señalan que, de no obtener respuestas concretas, tomarán medidas más drásticas para defender su territorio.
“No podemos permitir que el abandono oficial nos condene. Si no nos escuchan por la vía institucional, tendremos que hacer valer nuestra voz de otra manera”, advirtieron.
La asamblea tendrá lugar en la plaza principal de San Juan Acatitlán, donde se espera la asistencia de habitantes de comunidades vecinas, organizaciones ambientales y especialistas en la materia. La exigencia es clara: frenar la devastación del río y garantizar el derecho de la comunidad a un ambiente sano.

